Hoy, 18 de diciembre de 2017, se cumple el décimo aniversario de la adopción por la Asamblea General de la ONU —principal órgano deliberante de la ONU en el que participan todos sus miembros— de la histórica resolución 62/149, en la que se pide a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir esta pena. Aunque no es vinculante para los Estados, el poderoso llamamiento de este órgano de la ONU tiene un considerable peso moral y político. Fue propuesto y gozó del apoyo de una abrumadora mayoría de Estados de todas las regiones, e incluyó claramente la abolición de la pena de muerte entre las prioridades de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
Desde 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado otras cinco resoluciones sobre este tema, la más reciente el 19 de diciembre de 2016. El texto de las resoluciones ha girado en torno al llamamiento central en favor de una moratoria de las ejecuciones, pero también ha hecho peticiones importantes a los Estados para que refuercen la protección y promoción de los derechos humanos de las personas que podrían ser condenadas a muerte, entre otras medidas reduciendo el número de delitos por los que cabe imponer esta pena, haciendo pública la información sobre las ejecuciones previstas, no imponiendo la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años, a mujeres embarazadas o a personas con discapacidad mental o intelectual, y asegurándose de que las personas condenadas pueden ejercer su derecho a pedir el indulto o la conmutación de la pena garantizando unos procedimientos justos y transparentes para la petición de clemencia.
Un impulso creciente
La adopción de la resolución de 2007 fue un hito histórico, pues también generó un nuevo impuso para la campaña global contra el uso de la pena de muerte. La consideración y adopción por la Asamblea General de la ONU de estas resoluciones cada dos años ha ofrecido nuevas oportunidades a la sociedad civil y otros actores abolicionistas para relacionarse con los gobiernos y promover nuevos debates sobre la abolición donde no existían. Ha creado una plataforma permanente para debates importantes en torno a la pena de muerte, cambiando su percepción de cuestión de justicia penal a algo directamente relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos. La petición de una moratoria de las ejecuciones se reflejó también en pronunciamientos contra la pena de muerte de los últimos años de organizaciones internacionales y regionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o de organismos profesionales internacionales como la Asociación Médica Mundial.
El impulso contra la pena de muerte ha hecho que las resoluciones que se adoptaban en la Asamblea General de la ONU hayan contado cada vez con más apoyo, pasando de 104 votos a favor en 2007 a 117 en los últimos años. Este aumento también se refleja en el número de Estados que han abolido la pena de muerte desde 2007: 14 países la han derogado totalmente de su legislación nacional y otros 2 la han abolido sólo para los delitos comunes. En el último decenio, 20 países más han asumido el compromiso irreversible en virtud del derecho internacional de abolir la pena de muerte y otros han dado pasos importantes en esa dirección.
Los argumentos a favor de la abolición
Aunque no cabe duda de que el viaje global hacia la abolición continúa y de que sólo es cuestión de tiempo que la pena de muerte quede relegada a los libros de historia, los retos que hemos visto en la aislada minoría de países que aún llevan a cabo ejecuciones no podrían servir de argumentos más claros a favor de reiterar la acción en apoyo de una moratoria de todas las ejecuciones como primer paso. Las cifras compiladas por Amnistía Internacional indican que en 2016 no hubo ejecuciones en 172 de los 193 Estados Miembros de la ONU (el 89%) y sólo se tiene constancia de que 11 países llevaran a cabo ejecuciones cada año en los cinco años anteriores. Un puñado de países —Arabia Saudí, China, Irak, Irán y Pakistán— fue responsable de más del 90% de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia.
Es un dato bien documentado que las violaciones graves de las normas y del derecho internacional de los derechos humanos suelen asociarse al uso de la pena de muerte, incluso en Estados que han adoptado compromisos voluntarios mediante la ratificación de tratados internacionales. En muchos casos, esta pena se impone en actuaciones en las que se viola el derecho a un juicio justo, especialmente cuando las personas encausadas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” que a menudo se usan para declararlas culpables; a personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito o a personas que tienen una discapacidad mental o intelectual. En algunos países se impone por delitos que no se ajustan a lo que se entiende por los “delitos más graves”, como los delitos relacionados con las drogas, a los que debe limitarse según el derecho internacional, y a menudo se impone como pena preceptiva. Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el secreto que rodea el uso de la pena de muerte en varios países, especialmente en el mayor verdugo del mundo, China; y sigue alarmada ante el hecho de que las personas de orígenes socioeconómicos vulnerables continúen sufriendo desventajas en los sistemas de justicia penal de todo el mundo.
Es hora de actuar
Las novedades, como la producida en las últimas semanas en Irak, demuestran que algunos Estados incumplen totalmente sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional en este sentido. Esto exige la condena y la acción de la comunidad internacional. Pero a pesar de todos los obstáculos, no hay duda de que el viaje de la humanidad para librarse de la pena de muerte seguirá adelante.
Mientras esperamos la llegada de 2018 y la resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital que estudiará probablemente la Asamblea General de la ONU en su 73 periodo de sesiones, Amnistía Internacional anima a todos los Estados a que trabajen juntos y apoyen las iniciativas que contribuyan a poner punto final de una vez por todas al uso de esta pena.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
