El viaje, ya de por sí peligroso, de decenas de miles de personas refugiadas se ha vuelto aún más mortal gracias a la orden ejecutiva sobre control fronterizo e inmigración dictada por el presidente Trump, así como por las arraigadas e imprudentes prácticas de México. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe basado en investigaciones intensivas llevadas a cabo a ambos lados de la frontera.
Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México explora el catastrófico impacto de una serie de nuevas políticas y prácticas en curso que dan lugar a la devolución forzada ilegal de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y amenazan con encerrar ilegalmente a miles de familias más, incluidos bebés, niños y niñas, en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos.
“Estados Unidos y México son socios en el crimen” Erika Guevara-Rosas Amnistía Internacional
“Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La estrategia del muro fronterizo del presidente Trump no reconoce que, si quieren vivir, estas personas no tienen más opción que huir de sus hogares. El muro de Trump, sus cuestionables órdenes y sus centros (cada vez más numerosos) de detención para inmigrantes no impedirán que la gente trate de entrar en Estados Unidos. Al contrario: para lo único que servirán es para obligar a esas personas a tomar rutas mortales a través del desierto, el río y el mar.”
“En este enfermizo juego del ratón y el gato, las únicas que pierden son los cientos de miles de personas que huyen desesperadas de la violencia extrema y mortal de los países centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En lugar de empujar a la gente a una muerte probable, Estados Unidos debe anular su orden ejecutiva de seguridad fronteriza y replantear desde el principio su control de la inmigración.”
Devoluciones forzadas y detenciones ilegales
Tras una intensa investigación sobre el terreno llevada a cabo desde febrero de este año en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, Amnistía Internacional concluyó que la serie de medidas tomadas por el presidente Trump para “hacer frente a la inmigración” violan el derecho internacional. Entre esas medidas se encuentra la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017 sobre “Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración”, y otras medidas que permiten la devolución forzosa de personas a situaciones que amenazan su vida, así como un incremento de la detención obligatoria ilegal, durante meses, de solicitantes de asilo y familias.
En la frontera entre Estados Unidos y México Amnistía Internacional encontró solicitantes de asilo que le dijeron que las nuevas medidas les obligaban a correr el riesgo de sufrir extorsión o violencia al tener que pagar a traficantes de personas para entrar en Estados Unidos. En algunas zonas del desierto de Arizona se han duplicado las muertes de personas migrantes desde que Trump fue elegido.
Según un gran número de abogados, organizaciones no gubernamentales, migrantes y defensores y defensoras de los derechos humanos, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense han negado ilegalmente la entrada a solicitantes de asilo en puntos fronterizos de aduana a lo largo de la frontera.
Un matrimonio que había huido de Honduras junto con su hija después de que el esposo fuera agredido, tiroteado y perseguido por una poderosa mara, contó a Amnistía Internacional que los habían rechazado en el paso fronterizo de McCallen, Texas, en seis ocasiones durante un periodo de tres días en enero de 2017, pese a que se habían presentado ante los funcionarios de la CBP para pedir asilo.
Nicole Ramos, abogada estadounidense que, entre diciembre de 2015 y abril de 2017, acompañó a 71 solicitantes de asilo al paso fronterizo de San Diego-Tijuana, contó a Amnistía Internacional que, en casi todas las ocasiones, los funcionarios de la CBP intentaron negar la entrada a las personas solicitantes de asilo o les dieron instrucciones incorrectas, como remitirlas al Consulado de Estados Unidos en México.
La orden ejecutiva de seguridad fronteriza del presidente Trump también incluye un aumento de la capacidad de los centros existentes de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, existen planes para asignar hasta 33.500 plazas más en los centros de detención para inmigrantes, lo que podría multiplicar por dos la capacidad diaria de detención del país. Esta cifra es muy superior a las 34.000 plazas diarias impuestas por el Congreso, y refuerza la crueldad que subyace tras lo que ya es el sistema de detención por motivos de inmigración más grande del mundo.
Amnistía Internacional ha documentado casos de familias con bebés y niños que han permanecido encerradas más de 600 días. En los próximos meses, el Congreso estadounidense debatirá si financia semejante crueldad en el presupuesto de 2018. Se calcula que mantener a una persona en un centro de detención cuesta al gobierno estadounidense entre 126 y 161 dólares al día, mientras que las medidas alternativas a la detención cuestan tan sólo 6 dólares diarios por persona.
México, ¿el portero de Estados Unidos?
Amnistía Internacional también ha concluido que México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de personas centroamericanas que buscan protección en el país.
Según cifras oficiales, en 2016 se presentaron en México una cifra récord de 8.788 solicitudes de asilo, en comparación con las 1.296 de 2013. El 35% de los solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.
El 91% de las solicitudes procedían de ciudadanos y ciudadanas del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), una zona asolada por la violencia, y la agencia de la ONU para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar hasta 20.000 en 2017.
En lugar de brindar protección, México está devolviendo gente a situaciones extremadamente peligrosas. En 2016, el Instituto Nacional de Migración mexicano detuvo a 188.595 personas migrantes en situación irregular, de las que el 81% procedían de Centroamérica, y deportó a 147.370 a sus países de origen. El 97% de las personas deportadas procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala.
A muchas no se las informó de su derecho a pedir protección mediante una solicitud de asilo.
Un hondureño de 23 años dejó su país hace cinco años porque temía por su vida y ha sido deportado desde México más de dos docenas de veces. Tras haber sido reclutado a la fuerza a por una mara los 13 años, siendo huérfano, la mara quiere matarlo por haber huido de sus filas. “Yo he sido deportado 27 veces. A los agentes del INM no les importa por qué sales de tu país. Se burlan de ti.”
Cuando Amnistía Internacional planteó la cuestión a las autoridades, un funcionario del Instituto Nacional de Migración mexicano en el estado meridional de Chiapas dijo: “Tratamos que el retorno a sus países sea lo más rápido posible”.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
