En este sentido la EMV recuerda una vez más que las viviendas que gozan de cualquier régimen de protección (incluidas las de precio tasado) deben ser vivienda “habitual y permanente” de los adjudicatarios, tal como marca la legislación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En la carta de la gerencia se decía a estos vecinos una vez más (puesto que ya se había informado en distintas reuniones con los representantes) cómo se preveía realizar la nueva ronda de reparaciones y se les pedía que indicasen si aceptaban o no dicho procedimiento. La EMV prevé seguirlo con las 6 viviendas del grupo de las 27 que se han desmarcado de las iniciativas adoptadas por el resto.
Las reparaciones siguen un orden preestablecido con las propias comunidades de propietarios (según orden de llegada de las reclamaciones el pasado septiembre). En estos momentos se está trabajando en las 56 viviendas.
La previsión es que el arquitecto técnico contratado por la EMV visite estas viviendas, en caso de que así lo acepte el resto, a mediados del próximo mes. A continuación, tal como se ha venido haciendo con otras promociones, se elaborarían junto con la empresa que desarrollará los trabajos (que dispone para ello de un arquitecto técnico dedicado por completo a esta tarea) una serie de partes de obra que son los que se entregarán a los vecinos para que sepan qué reparaciones prevé realizar la EMV, y que son aquellas que entiende que son responsabilidad de la promotora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación, es decir “los daños materiales causados en el edificio por vicios ocultos o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad”. En ningún caso los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de la recepción o por mal uso o falta de mantenimiento adecuado. A continuación, tras el proceso descrito, podrían iniciar las obras, sin que se pueda determinar con exactitud fecha de inicio ni de finalización.
La EMV lamenta que algunos vecinos de las 27 hayan optado exclusivamente por la presión a través de los medios de comunicación y creen que una acción judicial (como la anunciada por alguno de ellos) carece de sentido si lo que se pretende con ella es que se acometan reparaciones, dado que se ha manifestado ya la voluntad de la promotora para hacerlo. Otra cosa es que haya diferente criterio sobre cuáles son las responsabilidades de la empresa que vienen marcadas por la Ley de Ordenación de la Edificación y en ese caso una decisión judicial puede resultar clarificadora tanto para los propietarios como para la EMV, donde constan informes técnicos que desmienten algunas afirmaciones de los vecinos sobre supuestas mermas en las calidades o aminoraciones respecto del proyecto original.
Desde la EMV también se quiere aclarar que, pese a algunas malas interpretaciones, ningún representante suyo ha responsabilizado a los propietarios de las viviendas de la existencia de ratas. Puesto que se trata de un problema de salud pública, se ha dado parte a los servicios municipales, que han intervenido procediendo a la limpieza de escombreras y preparando una nueva operación de desratización en la zona. Si las reparaciones en las viviendas, cuya necesidad nadie cuestiona, pueden contribuir a aminorar este problema, los propietarios deberían con más motivo permitir el acceso de técnicos y operarios.
La EMV recuerda, finalmente, que la empresa ha gastado ya más de 300.000 euros en distintas obras en las 27 viviendas de protección oficial de precio tasado de La Legua.