El Pleno del Ayuntamiento ha dado este jueves su respaldo unánime a los “estudios y propuestas que están evaluando los técnicos en el marco de la comisión constituida por la Junta, la Confederación Hidrográfica del tajo y el Ayuntamiento” para ofrecer un tratamiento a los restos de amianto del Polígono para eliminar cualquier riesgo para la salud. También se ha aprobado pedir a los gobiernos central y regional un marco legislativo contra la pobreza energética.
El acuerdo sobre el amianto es fruto de una propuesta transaccional presentada por el Grupo Municipal Socialista durante el debate de la moción del Grupo Popular y recupera el consenso alcanzado el 21 de abril de este año en el que el Pleno decidió la creación de la Comisión del Amianto que ofrezca soluciones que ya están analizando.
El texto aprobado supone el compromiso del Ayuntamiento de “respetar los estudios y propuestas que, en este momento, están evaluando los técnicos en el marco de la comisión constituida por la Junta, la CHT y el Ayuntamiento sobre la base del informe realizado por la empresa Emgrisa”.
De igual forma, se acuerda “instar a todas las administraciones competentes y a los propietarios de las zonas afectadas a que con la mayor celeridad posible realicen las actuaciones pertinentes para la solución definitiva de los restos de amianto localizados en Santa María de Benquerencia, sobre la base de las propuestas de la Comisión Técnica” promovida por el Ayuntamiento”.
También se acuerda que con carácter urgente “se adopten las medidas que sean necesarias para eliminar los riesgos para la salud que puedan derivarse del amianto a los vecinos de Santa María de Benquerencia, todo ello de conformidad con el informe de los técnicos”.
Pobreza energética
Por otro lado, también ha habido consenso en la aprobación de la propuesta de Ganemos Toledo para instar al Gobierno nacional y al Gobierno regional “a crear un marco legislativo en materia de vivienda y pobreza energética para:
• Que a ninguna familia con bajos ingresos se le pueda cortar la luz, el agua o el gas.
• Que estos suministros sean considerados básicos, y tengan protección aquellas familias o personas que estén en situación de vulnerabilidad social o atraviesen una situación económica severa.
• Se contemplen medidas que impidan el embargo de prestaciones de carácter social.
• Suspensión de los lanzamientos o desahucios en caso de vulnerabilidad social.
• Recursos y planes de acción social suficientes para atender las emergencias concertados con los ayuntamientos.
• Actuar sobre las viviendas desocupada”.
