La ONU debe dar prioridad a la observación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos y los campamentos de refugiados saharauis situados junto a la frontera, en Tinduf (Argelia), ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la votación del Consejo de Seguridad el próximo 27 de abril para renovar el mandato de su presencia para el mantenimiento de la paz en la zona.
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) carece actualmente del mandato de documentar la situación de los derechos humanos o informar de ella a pesar de que siguen cometiendo abusos tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui que administra los campamentos de refugiados saharauis en torno a Tinduf, en el sur de Argelia.
“Permitir que la misión de paz de la ONU observe la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf es crucial para garantizar que el mundo conoce los abusos que se cometen lejos del escrutinio público, hacer que los responsables rindan cuentas y mejorar el respeto hacia estos derechos”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional en el Norte de África.
“La misión de la ONU en el Sáhara Occidental es la única operación de mantenimiento de la paz moderna del mundo que carece de un componente de derechos humanos. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se estableció y ya es hora de mejorar su estatuto para permitirle informar sobre estas violaciones.”
La necesidad de una vigilancia independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos es especialmente urgente teniendo cuenta la impunidad que sigue imperando por los abusos y violaciones cometidos en el pasado en el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, así como las crecientes tensiones políticas en torno a las denuncias de infracciones por ambas partes del acuerdo de alto el fuego en la zona temporal de seguridad situada cerca de la frontera con Mauritania.
A lo largo del año pasado, Amnistía Internacional ha seguido documentando violaciones de derechos humanos, y concretamente, restricciones arbitrarias impuestas a manifestantes y activistas pacíficos partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental, así como la vulneración de su derecho a un juicio justo y de la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
La organización también está siguiendo el nuevo juicio civil contra 24 saharauis, entre los que hay activistas de derechos humanos y políticos, condenados con anterioridad a duras penas de prisión en un juicio militar manifiestamente injusto. Los enjuiciados fueron detenidos en 2010 en relación con unos enfrentamientos violentos en los que murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis tras la disolución por la fuerza de un campamento de protesta en Gdim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental). El bloqueo informativo impuesto por las autoridades marroquíes en aquel momento sobre lo sucedido y la polémica que rodeó los enfrentamientos son un claro ejemplo de la necesidad urgente de un monitoreo imparcial y autorizado de la situación de los derechos humanos en la región.
Los perpetradores de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado de Marruecos con el Frente Polisario entre 1975 y 1991 han quedado en gran medida impunes. Del mismo modo, el Frente Polisario no ha exigido cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante ese periodo en los campamentos de refugiados que controla la organización.
La capacidad de la MINURSO quedó reducida el año pasado después de que las autoridades marroquíes expulsaran en marzo a varios miembros del personal civil de la Misión, incluido personal encargado de la limpieza de minas del Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas (UNMAS). El UNMAS considera que el Sáhara Occidental es uno de los territorios más minados del mundo, donde se han producido más de 2.500 víctimas desde 1975. Grupos locales de derechos humanos han informado de varias personas muertas y heridas a causa de minas terrestres en el Sáhara Occidental el pasado año. Entre las víctimas figuraba una niña de 12 años que murió por una mina terrestre en Mahbes, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, en mayo de 2016.
“En lugar de dificultar la labor de la MINURSO, las autoridades marroquíes deben cooperar plenamente con la Misión para garantizar que ésta puede desempeñar su labor a plena capacidad. Por su parte, el Consejo de Seguridad debe ampliar el mandato de la Misión para incluir la vigilancia y la información de la situación de los derechos humanos. No hacerlo probablemente sólo servirá para fomentar nuevas violaciones y para que continúe la impunidad”, concluyó Morayef.
Información complementaria
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) fue establecida en 1991 en el territorio que se anexionó Marruecos en 1975, así como en los campamentos de refugiados saharauis en torno a Tinduf, en el suroeste de Argelia. Su mandato es observar el alto el fuego entre las fuerzas armadas marroquíes y el Frente Polisario, así como implementar un referéndum para determinar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental.
En una declaración hecha pública el mes pasado, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que ampliase el mandato de la MINURSO para incluir la observación de la situación de los derechos humanos; también solicitó que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos visitara el Sáhara Occidental y los campamentos del Tinduf para evaluar la situación de estos derechos allí. Marruecos se ha reincorporado a la Unión Africana este año.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
