El país envió oficialmente el lunes una notificación a la Secretaría General de la ONU en la que informaban de su retirada del Tribunal tras el anuncio de que este había abierto una indagación preliminar sobre los miles de asesinatos extrajudiciales ocurridos en medio de la campaña antidrogas del actual Gobierno del presidente Duterte.
La Corte Penal Internacional lamentó la notificación oficial de la República de Filipinas de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del Tribunal.
Retirarse del Estatuto es una decisión soberana que entra en vigor un año después de ser notificada ante el Secretario General, aunque no tiene impacto alguno en los procedimientos en curso ni en ningún asunto que ya estuviese siendo considerado por el Tribunal previamente.
“La Corte sigue plenamente comprometida con su mandato independiente de ayudar a poner fin a la impunidad de forma complementaria con los Estados y, al hacerlo, contribuir a la prevención de futuras atrocidades. La participación de los Estados en el Estatuto de Roma no solo debe mantenerse y reforzarse sino también ampliarse”, declaró el Tribunal en un comunicado oficial.
Filipinas ratificó el Estatuto de Ruma el 20 de agosto de 2011. El 8 de febrero de este año, la Corte anunció la apertura de un examen preliminar sobre los delitos presuntamente cometidos por este Estado desde el 1 de julio de 2016 en el contexto de la campaña “guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno.
Se alega que miles de personas han sido asesinadas por motivos relacionados con su supuesta participación en el uso o tráfico de drogas ilegales. Si bien algunos de esos homicidios se habrían producido en el contexto de enfrentamientos entre pandillas o dentro de ellas, presuntamente muchos de los incidentes denunciados implicaron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidrogas.
Un examen preliminar no es una investigación, sino un primer paso para determinar si existe una base razonable que conduzca a ella. Según el Estatuto de Roma, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad principal de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales.
Las violaciones de Filipinas
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y varios expertos y relatores han denunciado públicamente en repetidas ocasiones los asesinatos extrajudiciales de miles de personas en Filipinas, entre ellos mujeres y niños, desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el poder en 2016. En diciembre de ese año, el presidente incluso declaró públicamente que, como parte de su guerra contra las drogas, había patrullado personalmente las calles de la ciudad de Davao y que había matado “a unas tres personas” sospechosas de violación y secuestro.
Expertos en derechos humanos han pedido que se investigue de forma pronta e imparcial el elevado número de homicidios, que se revise minuciosamente la política actual y que se enjuicie a los presuntos autores de las violaciones.
“Muchos de los asesinatos parecen perpetrados por agentes del orden y por atacantes desconocidos. Esto parece indicar un clima de impunidad oficial e institucional, que solo puede alentar nuevas matanzas y otro uso excesivo de la fuerza letal por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley”, declararon tres relatores especiales en noviembre de 2017.
Recientemente Filipinas presentó una petición en un tribunal de Manila acusando a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, de ser una terrorista y miembro del Partido Comunista de Filipinas, tras sus declaraciones en relación con la militarización, los ataques y asesinatos de los pueblos indígenas Lumad por parte de las fuerzas armadas de Mindanao.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que tratar de esa manera a una relatora que representa a la comunidad internacional es “inaceptable” y espera que el Consejo de Derechos Humanos responda adecuadamente.
Zeid aseguró además que los repetidos ataques verbales del presidente Duterte contra los defensores de los derechos humanos, sugieren que “necesita someterse a una evaluación psiquiátrica”.
Fuente: https://news.un.org