Amnistía Internacional ha identificado al menos 100 medidas por parte del presidente Donald Trump que han amenazado y cuestionado los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo. Amnistía Internacional se ha dirigido al presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, que se reúne en próximo 26 de septiembre con su homólogo estadounidense, para recordarle que es necesario que se prioricen los derechos humanos en este encuentro y en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Para la organización, deberían ser prioritarios algunos temas como los recortes en derechos de personas migrantes y refugiadas, la situación de los detenidos en Guantánamo, y la abolición de la pena de muerte en el único país americano que sigue aplicándola.
Por ello, Amnistía Internacional le ha pedido a Mariano Rajoy que:
Rechace las medidas, en muchos casos discriminatorias, que la administración estadounidense quiere sacar adelante en materia de inmigración y refugio, por vulnerar los derechos de las personas que precisan de protección internacional al huir de violencia y conflictos armados.
- La cuota de personas refugiadas que EEUU puede aceptar en un año se reduce drásticamente. Para 2017, de las 110.000 personas refugiadas que se habían aceptado el año anterior, sólo se admitirían a 50.000. Lo que deja en situación de mayor vulnerabilidad a personas de todo el mundo que huyen de la guerra y la violencia, y que que están atrapadas en circunstancias desesperadas en países como Líbano, Jordania, Kenia o Pakistán.
- La prohibición de la entrada en el país de personas procedentes de seis países de mayoría musulmana representa una forma de discriminación por motivos religiosos y da muestra de una cruel indiferencia hacia las familias. Esta prohibición, más que proteger, lo que hace es demonizar a millones de personas inocentes.
- El levantamiento de un muro entre México y EEUU, la construcción de más centros de detención y la privación de fondos a las ciudades santuario, socavan aún más las protecciones a las que tienen derecho las personas refugiadas según la legislación internacional. Estas medidas no tienen en cuenta la situación de las miles de personas migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central, y a las que se les se les niega la opción de plantear demandas de asilo, tal y como establece la legislación internacional.
Exija el cierre de Guantánamo, la plena rendición de cuentas y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos; además de garantizar asimismo que las bases militares en España no sean usadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.
- Más de 15 años después de la llegada de los primeros prisioneros a la base naval de Guantánamo, hay todavía 41 personas detenidas en el centro, 31 de ellas sin cargos ni juicio. Las otras 10 han sido o están siendo sometidas a actuaciones judiciales que no respetan las garantías procesales internacionales, a pesar de que éstas son vinculantes para Estados Unidos. Seis de los detenidos podrían ser condenados a muerte tras ser juzgados sin las debidas garantías por comisiones militares.
- Casi la mitad de los detenidos que siguen en Guantánamo estuvieron recluidos, antes de ser trasladados a la base, en el programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde la desaparición forzada y otras formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes eran parte integral. La impunidad continúa.
Pida un compromiso para poner fin a la pena de muerte. Estados Unidos debe dejar de utilizar la pena de muerte contra personas que sufren discapacidad mental e intelectual, y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones como primera medida hacia su plena abolición. Además, la organización pide que respalde el caso de Pablo Ibar, ciudadano español que fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos y ahora está a la espera de que se repita el juicio.
- En 2016, Estados Unidos fue, de nuevo, el único país de América en llevar a cabo ejecuciones. El número de personas ejecutadas el año pasado, 20, fue la cifra más baja registrada en EEUU desde 1991. También se redujeron el número de Estados que practicaron ejecuciones (5) y el número de condenas a muerte dictadas (32, la cifra más baja registrada desde 1973). Sin embargo, al final de 2016 aún había 2.832 personas condenadas a muerte. Datos que muestran que de forma creciente jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia. A pesar de ello, en los nueve primeros meses de 2017 ya se han registrado 18 ejecuciones.
- Pese a las buenas noticias sobre el español Pablo Ibar, dado que el Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 su condena a muerte y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio y desestimó el recurso de la fiscalía en mayo de ese mismo año, éste es un caso que sigue necesitando del apoyo del gobierno español. Pablo Ibar sigue declarándose inocente.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
