Las medidas a incorporar serían las siguientes:
• Contener el precio de renta y venta de la vivienda protegida para facilitar el acceso a las familias de rentas medias y bajas.
• Facilitar a los ayuntamientos y empresas públicas el acceso a créditos para la adquisición y promoción de suelo para vivienda protegida.
• Movilizar la vivienda vacía de alquiler y un plan de rehabilitación para este fin así como apostar por la promoción pública de vivienda protegida en régimen de alquiler con y sin opción a compra.
• Mantener del empleo, directo e indirecto, mediante el Pacto por el Empleo en el que participen Administraciones públicas, partidos políticos, trabajadores y empresarios, que redimensione el sector y lo reoriente a nuevas actividades, tales como la rehabilitación (estructural y energética) de los edificios existentes.
• Elaborar un Plan de ayudas a la rehabilitación estructural y energética.
• Priorizar en el desarrollo de los PAUS la construcción de las viviendas de protección pública respecto de las libres.
• Negociar con las entidades de crédito la puesta en marcha de un aval que permita al comprador de vivienda protegida tener con antelación (mediante un préstamo sin coste) acceso a las ayudas de la Administración, de forma que el coste de la entrada y los gastos asociados no le disuadan. Esto tendría especial interés para jóvenes y familias de rentas bajas.
• Para responder a la necesidad de vivienda y movilizar el mercado, se debe animar a los promotores a sacar a la venta las viviendas no vendidas calificándolas como protegidas y por tanto haciéndolas asequibles, empezando por los municipios donde más demanda existe.
• Otra de las medidas contempla que la oferta tiene que ser variada. Se contempla como necesario reforzar el alquiler con y sin opción a compra con promociones públicas de este tipo (utilizando por ejemplo la cesión del derecho de superficie y no la venta del suelo), apostar por la rehabilitación y animar a sacar al mercado de alquiler la vivienda vacía dando seguridad al propietario.
• Adquirir un compromiso firme contra el fraude en las viviendas de protección pública, tanto en la venta (que debería hacerla la administración para evitar pagos en dinero negro) como en las transacciones irregulares, y contra la desocupación.