El Pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Ganemos para instar al Gobierno de España a que modifique los Presupuestos Generales del Estado para llegar hasta los 120 millones de euros y dotar de forma suficiente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la exposición de motivos se establece que no haber aumentado de forma significativa en los PGE la cuantía del programa 232C, dedicado a las actuaciones para la prevención contra la violencia de género, hasta los 120 millones, “resulta una burla y una ofensa para las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia”, que según el Gobierno de España eran 4 millones de mujeres en 2015
Explica también que el no incrementar estas partidas “significa no asignar un euro más a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación; supone no mejorar la respuesta policial y judicial e indica no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales”.
Finalmente se ha aprobado la moción con los votos a favor de PSOE, Ganemos y Ciudadanos y con la abstención de PP con el objetivo de pedir al Gobierno de España “que modifique los PGE para aumentar la cuantía del programa 232 B y C para llegar hasta los 120 millones de euros y dotar de forma suficiente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que actualmente cuenta con 31,7 millones de euros para todo el Estado. Se acuerda asimismo dar cuenta de este acuerdo plenario a los grupos del Congreso y del Senado”.
Por unanimidad se ha aprobado una propuesta del Grupo Ganemos para trasladar a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo “la situación del río Tajo en los embalses de cabecera y el eje del tajo, incidiendo en los tramos de red Natura 2000 y en el tramo urbano de Toledo”.
También se ha dado el visto bueno con el apoyo de todos los grupos la moción conjunta PP-Ciudadanos el apoyo de la Corporación a los usufructuarios del aparcamiento del Miradero, instando a la empresa que gestiona las instalaciones a que respete las obligaciones que tiene como concesionaria y los derechos de los usufructuarios.
