El mundo está sufriendo las terribles consecuencias de la retórica del odio, que amenaza con normalizar la discriminación en gran escala de los grupos marginados, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su valoración anual de la situación de los derechos humanos.
No obstante, la organización ha visto que existe un creciente movimiento de activistas, tanto noveles como avezados, cuya labor de campaña por la justicia social permite en verdad abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión.
El su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países, Amnistía Internacional presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado actual de los derechos humanos en el mundo.
“La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias”, añade Salil Shetty.
“Vimos claramente a qué extremos puede llegar una sociedad a la que se insta a odiar a las minorías, a utilizarlas como chivo expiatorio y a temerlas en la terrible campaña militar de limpieza étnica llevada a cabo contra el pueblo rohingya en Myanmar”, explica Salil Shetty.
Con su abandono de los derechos humanos, quienes ejercen el liderazgo en el mundo provocan movimientos de protesta a escala mundial
“Ahora se ciernen sobre los asuntos del mundo los fantasmas del odio y el miedo, y son pocos los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos en estos tiempos de inquietud. En cambio, vemos a líderes como Al Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump y Xi que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas”, afirma Salil Shetty.
“La débil respuesta dada a los crímenes de guerra y de lesa humanidad desde Myanmar hasta Irak, Sudán del Sur, Siria y Yemen ha puesto de relieve la falta de liderazgo en materia de derechos humanos. Los gobiernos están haciendo retroceder a situaciones propias de hace decenios garantías de protección que ha costado mucho conseguir.”
Entre los signos de regresión mencionados en el informe figuran las medidas de represión del derecho de protesta en Francia y los intentos de reducir los derechos de las mujeres, observados desde Estados Unidos hasta Rusia y Polonia.
Con la presentación del informe en Washington D. C., Amnistía Internacional quiere advertir de que los retrocesos del presidente Trump en materia de derechos humanos están sentando un peligroso precedente para otros gobiernos.
“Pero los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo pueden esperar el apoyo de la gente de Estados Unidos, incluso allí donde el gobierno estadounidense ha fallado. Mientras el presidente Trump toma medidas que violan los derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos, activistas de todo el país nos recuerdan que es en sus comunidades donde la gente ha librado y ha ganado siempre la lucha por los derechos humanos universales”, señala Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Las políticas regresivas han impulsado a numerosas personas a sumarse a luchas que vienen librándose desde hace tiempo, y en el informe se detallan muchas victorias importantes que el activismo por los derechos humanos ha contribuido a lograr. Entre ellas figura el levantamiento de la prohibición total del aborto en Chile, el avance hacia el matrimonio igualitario en Taiwán y el logro de una victoria histórica contra los desalojos forzosos en Abuya (Nigeria).
Una enorme Marcha de las Mujeres centrada en Estados Unidos y con ramificaciones en todo el mundo puso de manifiesto la creciente influencia de los nuevos movimientos sociales, al igual que lo hicieron el fenómeno #YoTambién y la iniciativa “Ni Una Menos” de Latinoamérica al denunciar la violencia contra las mujeres.
“El espíritu indomable de las mujeres al frente de poderosos movimientos de derechos humanos nos recuerda que el deseo de igualdad, dignidad y justicia no se extinguirá jamás. El auge de los movimientos de protesta es palpable en todo el mundo. Si los gobiernos se oponen a ellos, verán menoscabada su legitimidad”, advierte Salil Shetty.
La libertad de expresión cobra una importancia colosal en la renovada batalla por los derechos humanos
La predisposición de líderes prominentes a propagar “noticias falsas” con el fin de manipular la opinión pública, unida a los ataques contra las instituciones que sirven para poner control al poder, muestra que la libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los derechos humanos este año, señala Amnistía Internacional.
“En 2018 no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. De hecho, alzar la voz se está volviendo cada vez más peligroso”, afirma Salil Shetty.
El año pasado mataron a centenares de activistas al intentar las autoridades silenciar a quienes participaban en actividades de campaña y amordazar los medios de comunicación, explica el informe. Donde más periodistas acabaron en prisión fue en Turquía, Egipto y China, país, este último, donde el Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió tras haber sido encarcelado por criticar al gobierno. Con los gobiernos persiguiendo sin ningún pudor el activismo en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional fue objeto de amenazas por su trabajo en Hungría y de detenciones sin precedentes de su personal en Turquía.
“Los gobiernos creen que pueden abrir la veda del activismo de derechos humanos. Pero ya pueden cerrarnos periódicos, desautorizar a jueces y encarcelar a activistas, que no nos callaremos. Si algo hemos aprendido del legendario activista chino Liu Xiaobo es que debemos hablarle claro al poder precisamente cuando parece imposible hacerlo”, afirma Salil Shetty.
El odio avanza mientras se ataca a las personas por su identidad
En el informe se hace hincapié en la necesidad de continuar alzando la voz contra la retórica del odio del tipo de la que se observó en los lemas xenófobos de una marcha nacionalista en Varsovia (Polonia), una concentración supremacista blanca en Charlottesville (Estados Unidos) y la represión generalizada de las comunidades LGBTI desde Chechenia hasta Egipto.
Esa retórica se puso aún más de manifiesto con la denigración de las personas refugiadas y migrantes incluso en los niveles más altos de los gobiernos. Aunque fue la administración Trump la que acaparó los titulares con su discurso contra las personas refugiadas, en el informe se explica que no estuvo sola en la aplicación de políticas xenófobas.
“Es posible que las políticas de Donald Trump marcaran el principio de una nueva era de regresión en materia de derechos humanos, pero no fueron las únicas. Desde Australia hasta Hungría se puede observar que quienes ejercen el liderazgo llevan mucho tiempo tratando a las personas refugiadas como problemas que hay que apartar, no como seres humanos con derechos, que merecen nuestra compasión”, indica Salil Shetty.
Los gobiernos deben abordar las apremiantes injusticias que fomentan los movimientos de protesta
En el informe se señala también que, para millones de personas de todo el mundo, el acceso a bienes y servicios básicos, como vivienda, alimentos y atención de la salud, es cada vez más precario. Amnistía Internacional advirtió de que, mientras los gobiernos no aborden las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, existirá un riesgo enorme de que se intensifique la conflictividad.
“En todo el mundo se está obligando a la gente a llevar una vida intolerable porque se le niega el acceso a alimentos, agua limpia, atención de la salud y alojamiento básico. Si te despojan de estos derechos humanos, caes en la desesperación más absoluta. Desde Venezuela hasta Irán, estamos presenciando la formidable propagación del descontento social”, advierte Salil Shetty.
En vez de intentar silenciar a las personas cuando alzan la voz, los gobiernos deben atender sus preocupaciones, manifiesta Amnistía Internacional, y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la sociedad civil y otros agentes clave que ponen control al poder.
“Estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más gente se rebela y exige justicia. Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, explica Salil Shetty.
España: cuentas pendientes en derechos humanos
La realidad de los derechos humanos en España tampoco queda al margen de esta situación. Por un lado, la organización ha constatado ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre o la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información.
Por otra parte, el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis económica está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España. Medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a una vivienda también está en peligro en España, cuando se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. Especialmente las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado.
Tampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.