Javier Nicolás, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, ha explicado que el Gobierno catalán presentó un recurso de amparo al TC por una sentencia del Tribual Supremo referida al Plan de Ordenación de un municipio de Barcelona.
En este caso, el origen del procedimiento fue el recurso de unos propietarios que entendían que debía haberse incluido una serie de normas que no se recogen en el citado POM, aprobado por la Generalitat. Finalmente, el Constitucional concede el amparo al Gobierno catalán y que las actuaciones se retrotraigan para que el órgano judicial correspondiente dicte una nueva resolución “respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados”.
Jurisprudencia
Nicolás ha asegurado que este caso recoge muchos paralelismos con el procedimiento puesto en marcha con el POM de Toledo, y que la decisión del TC creará una jurisprudencia que la Junta de Comunidades debe aprovechar para defender sus derechos, ya que fue el Gobierno castellano-manchego el que aprobó definitivamente el Plan de la capital regional.
Con el objetivo de defender los intereses de los toledanos, el Gobierno local reclama a la Junta que solicite el amparo ya que entiende que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha debería haber declarado nulo el artículo 36 de la Ley Regional del Suelo y considerarlo inconstitucional al no contemplar una segunda información pública, como sí lo hace la normativa estatal.
Por todo ello, desde el equipo de Gobierno “pedimos a la Junta que pida el amparo del Tribunal Constitucional para ver si finalmente la Ley Regional del Suelo cumple o no la Constitución y, si no, que se retrotraigan todas las actuaciones al momento inicial, al entender que se están vulnerando los derechos de este Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades”.