Dichas operaciones de crédito han sido firmadas con once entidades bancarias previamente seleccionadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tras la aprobación del Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Toledo, tal y como establece el Real Decreto que rige este mecanismo extraordinario de pagos a proveedores.
El citado Decreto Ley obliga a las corporaciones locales a una operación de endeudamiento a largo plazo y a aprobar un Plan de Ajuste o, en caso contrario, la retención automática de la participación en tributos del Estado, sumando la subvención al transpone público y la compensación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Los créditos firmados en el día de hoy tienen un plazo máximo de diez años y se han fijado con un interés del 5,9% revisable trimestralmente, bastante más alto de lo que se contemplaba inicialmente.
Una situación económica razonable
El Gobierno municipal recuerda que se ha tenido que acoger a este mecanismo extraordinario de financiación de pagos a proveedores especialmente por los impagos de otras administraciones con la ciudad de Toledo, que ya ascienden a unos 13 millones de euros.
Además, gran parte de la financiación de estos créditos irá destinada a la deuda acumulada de las obras del Palacio de Congresos, comenzada hace muchos años y con bastantes retrasos acumulados y que asciende a 10,5 millones de euros.
Si ambas circunstancias hubiesen estado resueltas, es decir sin impagos de otras administraciones y sin el agujero económico de esta infraestructura, la deuda a financiar habría sido mucho menor hasta el punto de que los toledanos sólo pagarían 1,7 millón de euros en intereses, en lugar de los 11,1 previstos actualmente.
El Gobierno municipal recuerda asimismo que ha realizado un esfuerzo muy importante en todo este proceso al objeto de establecer un plan de ajuste con medidas razonables que permiten garantizar los servicios públicos municipales sin recortes y evitar despidos.
Asimismo, el plan de ajuste del Ayuntamiento de Toledo garantiza que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el que más repercute en la economía de los ciudadanos, se congele durante los próximos diez años, prueba evidente de que la salud económica de la ciudad es bastante razonable.