El Pleno municipal ha aprobado en su sesión de hoy instar al Gobierno de la Nación a reponer y dotar “suficientemente” las partidas presupuestarias que se han ido recortando en los últimos años y que iban destinadas a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género.
La moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista y defendida por la concejal de Igualdad, Inés Sandoval, ha sido aprobada por unanimidad y se enmarca en la próxima celebración el día 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer “y ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del Estado del Bienestar”.
El texto incluye la creación de un fondo de apoyo a los ayuntamientos “para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación de sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”.
La proposición pretende también que se incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas; modificar el decreto de medidas urgentes para la reforma laboral para “garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación, igualdad en el empleo y salarial”; impulsar los servicios del Estado del Bienestar relacionados con el cuidado y la atención a las personas que lo necesitan y promover una igualdad “real y efectiva en todas las políticas públicas y en la sociedad”.
La iniciativa también ahonda en el “importante retroceso” que han sufrido las políticas de igualdad con el actual Gobierno, al haber causado la desaparición de organismos y programas específicos en esta materia con un recorte del 33 por ciento en las políticas de igualdad y un 22 por ciento en los presupuestos en la lucha contra la violencia de género.
Este recorte de presupuestos “han lesionado el avance de la legislación sobre igualdad de los últimos años en los que se había producido la realización de la ley de protección integral contra la violencia de género, la Iey para la igualdad, la ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE y el Plan integral de lucha contra la Trata de seres humanos, entre otros.
También se ha aprobado exigir al Gobierno de la Nación la derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal y una nueva redacción “con el objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio”.
La propuesta, presentada por el Grupo Municipal de Ganemos y respaldada con los votos del Grupo Municipal Socialista, solicita “la supresión del delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible con la Constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical”.