Ecuador dará, la próxima semana, un nuevo impulso en Naciones Unidas (Ginebra-Suiza), a la iniciativa para la elaboración de un instrumento mundial, para que las transnacionales respeten los derechos humanos. Se trata de una propuesta liderada por el país andino junto a Sudáfrica, que cuenta con los aportes de numerosos Estados, y con el respaldo de cientos de organizaciones sociales en todo el mundo.
La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, presentará oficialmente, el próximo lunes 23 de octubre, el documento de elementos del ‘Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos’, durante la tercera sesión del grupo de trabajo conformado en Naciones Unidas para su elaboración.
El texto, que será sometido a negociación en el seno del organismo multilateral, busca llenar un vacío legal en la normativa internacional, en cuanto a la actuación de las empresas en materia de protección de los derechos humanos. Además de fortalecer la certeza jurídica requerida por las transnacionales y otras empresas, facilitar la cooperación internacional en el cumplimiento de los derechos humanos, prevenir posibles violaciones resultantes de sus operaciones y abrir un camino de justicia para las víctimas.
Durante el tercer período de sesiones, Ecuador, como presidente del grupo y luego de presentar los elementos, deberá emprender las negociaciones con los Estados miembro del consejo, para la redacción del instrumento, mandato específico establecido en la resolución 26/9 de Naciones Unidas, suscrita el 26 de junio de 2014.
El diálogo iniciará a partir del documento de elementos presentado al Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta. El primer periodo sesiones del grupo se realizó entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio de 2015, mientras que el segundo se efectuó el 24 de octubre de 2016. La iniciativa surgió a partir de los casos de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas transnacionales a nivel mundial.
Entre los más emblemáticos pueden citarse las más de 500.000 personas que resultaron envenenadas con isocianato de metilo por un accidente en la planta de pesticidas de Union Carbide, en Bhopal (India); el desplome del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que alojaba cinco fábricas textiles: Primark, El Corte Inglés, Bon Marche, Joe Fresh y Benetton, donde murieron más de 1.130 trabajadores; así como el derramamiento de más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la amazonía ecuatoriana adjudicado a Chevron-Texaco durante los años 1964 y 1992, por citar algunos casos.
De ahí la necesidad de contar con un instrumento que posibilite el seguimiento jurídico de los procesos de producción de bienes y servicios de las empresas transnacionales, para combatir la impunidad en casos de trabajo infantil, daño al medio ambiente, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Al momento, existe una creciente conciencia internacional sobre estos hechos. La iniciativa ha recibido aportes de los Estados miembro del consejo, más de 60 expertos académicos, representantes de las empresas privadas y de la Alianza por el Tratado que agrupa a casi mil organizaciones de la sociedad civil.
El Ecuador aspira que las negociaciones multilaterales se ejecuten con rapidez, para que los Estados parte cuenten con normas que puedan ser aplicadas en las legislaciones nacionales y el instrumento entre en vigor lo más pronto posible.
Fuente: http://diario16.com
