Más de una decena de presos políticos, entre los que hay presos de conciencia, se han declarado en huelga de hambre como protesta por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes que se ven obligados a soportar en una prisión de máxima seguridad de Karaj, provincia de Alborz, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los presos políticos de la prisión de Raja’i Shahr han sido trasladados recientemente a una zona recién inaugurada donde las condiciones de reclusión se han calificado de asfixiantes. Están recluidos en celdas con las ventanas tapadas con planchas metálicas, no tienen acceso a agua potable ni alimentos y carecen de camas suficientes. Se les prohíbe además recibir visitas de familiares y se les niega el acceso a teléfonos, de los que sí se puede disponer normalmente en otras partes de la prisión.
“El hecho de que las condiciones de reclusión sean tan deficientes que, desesperados, los presos se ven obligados a declararse en huelga de hambre en demanda de los niveles más básicos de dignidad humana es deplorable y pone de relieve la necesidad urgente de introducir reformas en el cruel sistema penitenciario de Irán”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Las autoridades deben garantizar que todos los presos de la prisión de Raja’i Shahr disponen de alimentación, agua potable, medicinas y saneamientos adecuados
“Las autoridades iraníes deben garantizar con urgencia que todos los reclusos de la prisión de Raja’i Shahr disponen de alimentación, agua potable, medicinas, atención de la salud y saneamiento adecuados.”
El 30 de julio, alrededor de 53 presos políticos fueron trasladados violentamente a la Sección 10 de la prisión de Raja’i Shahr. Entre ellos hay presos de conciencia, incluidos defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, estudiantes, disidentes políticos pacíficos y miembros de la perseguida comunidad bahaí de Irán.
Al menos 17 presos políticos se declararon en huelga de hambre como protesta por el traslado. El defensor de los derechos humanos y sindicalista Reza Shahabi se sumó a los huelguistas el 16 de agosto, tras haber sido detenido y llevado a la misma sección que ellos.
De acuerdo con la información obtenida por Amnistía Internacional, a principios de agosto algunos de los presos en huelga de hambre fueron recluidos en régimen de aislamiento por periodos de hasta 12 días como medida punitiva tomada contra ellos por su protesta pacífica.
“Al mantener recluidos a decenas de presos de conciencia tras juicios manifiestamente injustos, las autoridades iraníes están incumpliendo vergonzosamente sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos presos son personas que ni siquiera deberían haber sido encarceladas, pero, en vez de dejarlos en libertad, se los está castigando todavía más recluyéndolos en condiciones espantosas”, ha añadido Magdalena Mughrabi.
Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades de la prisión han tapado las ventanas de la Sección 10 con planchas de metal y han sellado todas las puertas y aberturas al exterior, por lo que las celdas son prácticamente herméticas. Apenas circula en ellas el aire y tienen humedad, lo que pone en peligro la salud de los presos, en especial de los que padecen ya problemas médicos graves.
Los presos han expresado también su indignación por la medida sin precedente de instalar decenas de cámaras de seguridad y dispositivos de escucha en toda esa parte de la prisión, incluidos los baños, lo que constituye una grave violación de su derecho a la intimidad.
Estas medidas represivas, junto con la prohibición de las llamadas de teléfono y las visitas de familiares, parecen ser parte de un esfuerzo concertado de las autoridades iraníes por aislar a los presos políticos del mundo exterior y limitar las filtraciones de información sobre las múltiples violaciones de derechos humanos que padecen de manera habitual en la prisión de Raja’i Shahr.
En los últimos días se ha trasladado a varios presos al centro médico de la prisión debido a su mal estado de salud. Entre ellos figuran los presos bahaíes Adel Naimi, Farhad Dahandaj y Peyman Koushak Baghi; el estudiante de posgrado Hamid Babaei; el periodista y bloguero Saeed Pour Heydar, y el defensor de los derechos humanos Jafar Eghdami. Los médicos de la prisión han advertido de que algunos de ellos necesitan recibir con urgencia atención médica especializada fuera de la prisión, pero el director de ésta se niega a autorizar su traslado a hospitales.
Los presos de la Sección 10 no tienen tampoco acceso a agua potable, pues tras su traslado no les entregaron los purificadores de agua, que habían pagado de su propio bolsillo. Las autoridades no les llevaron tampoco el frigorífico, los alimentos ni los utensilios de cocina que habían ido comprando por sus propios medios a lo largo los años, por lo que tienen que mantenerse con la comida de la prisión, que se sabe que es inadecuada e insuficiente. Debido a ello, es habitual que los presos tengan que comprar alimentos en la tienda de la prisión para prepararse la comida pagándolos de su bolsillo.
“Las terribles condiciones de la prisión de Raja’i Shahr apuntan a una constante de trato cruel e inhumano, que caracteriza de manera reiterada la actitud despiadada de Irán hacia las personas que mantiene bajo custodia”.
“Todas las personas presas deben ser tratadas con dignidad y humanidad, conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las que necesiten atención médica especializada deben ser trasladadas a hospitales fuera de la prisión.”
Los presos han dicho que, durante el traslado a la Sección 10, los guardias los golpearon y les impidieron llevarse consigo las medicinas que les habían prescrito y sus objetos personales, incluidos la ropa, los libros y las cartas. Algunas de sus pertenencias, como cuadernos de notas, fotografías, cartas y otros recuerdos que eran el único consuelo que les ayudaba a sobrellevar su insoportable situación, fueron destruidas posteriormente.
Los presos en huelga de hambre han hecho varias demandas, como la devolución de sus pertenencias, una indemnización por daños y perjuicios y el compromiso de las autoridades de abordar de inmediato las terribles condiciones de reclusión, que ponen en grave peligro su bienestar físico y mental.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que permitan que observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, realicen inspecciones sin anunciar a la prisión Raja’i Shahr y otros centros penitenciarios de todo el país.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
