Mientras las ONG están siendo atacadas y criminalizadas por salvar vidas en el Mediterráneo y a falta de un mes para que se cumpla el plazo, el próximo 26 de septiembre, impuesto por la Unión Europea para que los Estados miembros acogieran a un total de 120.000 personas refugiadas desde Italia y Grecia, por el momento Europa solo ha cumplido con el 25% de lo pactado. La cifra resulta más ridícula en el caso de España, que, con apenas un 13% cumplido, ocupa uno de los peores puestos en materia de acogida.
“Llevamos dos años esperando que las autoridades españolas dejen de decir que van a acelerar el número de llegadas y lo hagan de verdad, pero ya es tarde: España habrá cumplido sólo con una mínima parte de lo comprometido”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “En lugar de dar ejemplo, el Gobierno español continúa incumpliendo cada palabra que dice: desde la última promesa, el esfuerzo adicional de reubicar a 500 personas más al mes durante los próximos meses, solo han llegado 24 desde Italia y 164 desde Grecia”, añade el director de AI España.
Del total de 17.337 personas refugiadas que España se comprometió a acoger, tanto por la vía de la reubicación como por la de reasentamiento, antes del próximo 26 de septiembre de 2017, solo han llegado en los dos últimos años 1.888, a pesar de la respuesta de la sociedad civil, que se ha mostrado a favor de la acogida.
La organización resalta además que es necesario que España, así como otros países europeos, reubique a personas refugiadas de forma rápida desde Italia, donde este año han llegado más de 96.000 personas. “Los gobiernos europeos deberían permitir que los solicitantes de asilo que lleguen a Italia después de ser rescatados en el mar sean trasladados con mayor prontitud y rapidez”, declara Beltrán.
Salvar vidas, un peligro
Mientras se incumple el compromiso sobre acogida impuesto por la UE y crucial para ofrecer rutas legales y seguras de manera que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas en el mar, las organizaciones de salvamento y rescate están siendo criminalizadas y estigmatizadas.
“Es una terrible contradicción: la UE, además de fracasar a la hora de ofrecer alternativas a esos viajes peligrosos, en los que ya han muerto 2.000 personas en lo que va de año, se dedica a obstruir el trabajo de las ONG que salvan vidas”, denuncia Beltrán. “Estas ONG, que realizan una importantísima labor, tienen derecho a que se les permita un acceso sin trabas a las aguas internacionales cercanas a Libia”, afirma. Sin embargo, iniciativas como las del Ministerio de Interior italiano, que ha obligado a las ONGs a firmar un Código de Conducta que dificulta que realicen las labores de rescate de la manera más efectiva, añaden trabas a las organizaciones.
Amnistía Internacional también ha denunciado en varias ocasiones las consecuencias que tienen los acuerdos de cooperación con Libia, un país que no respeta los derechos humanos de las personas refugiadas. Recientemente el parlamento italiano ha votado a favor de desplegar buques de guerra en aguas libias para apoyar a la guardia costera de Libia en la interceptación y devolución de personas refugiadas y migrantes a ese país, algo que, según Amnistía Internacional, supone eludir su responsabilidad y poner en peligro a las mismas personas a las que dice que intenta ayudar. Facilitar la interceptación y devolución de personas refugiadas y migrantes a Libia da lugar a que sean recluidas arbitrariamente en centros en los que, casi con toda seguridad, corren peligro de tortura, violación e incluso homicidio.
Además, según informaciones aparecidas en prensa, en el marco de la formación a guardacostas libias que está dando la Unión Europea desde octubre, 291 guardacostas más la recibirán en Italia y España. La Sección española de Amnistía Internacional se está dirigiendo al Ministerio de Defensa de España para pedir información y asegurar que la formación de los guardacostas y cualquier forma adicional de cooperación esté sujeta a la estricta condición de que sólo realicen rescates cuando exista un peligro inminente para sus vidas, con el fin de mitigar los riesgos para los derechos humanos que supone un desembarco en Libia para las refugiadas y migrantes.
Amnistía Internacional, que se ha dirigido al gobierno español para solicitarle una declaración pública de reconocimiento al trabajo que llevan a cabo las ONG en el Mediterráneo, recuerda que sólo en los cuatro primeros meses de 2017, rescataron a más de 12.000 personas. Un número que se suma a las más de 68.000 personas rescatadas entre 2014 y 2016. A menudo este fundamental trabajo no ha sido reconocido convenientemente por políticos y autoridades de algunos países europeos.
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Con más de 22,5 millones de personas refugiadas en total, el mundo se enfrenta a la mayor crisis de refugio desde la Segunda Guerra Mundial. El 84% de quienes huyen de la guerra y la persecución se encuentran en países de ingresos bajos y medios. Así, Turquía y Jordania albergan en torno a tres millones cada uno, Líbano, Pakistán y recientemente Uganda, sobrepasan ya el millón de personas refugiadas cada uno. Irán da refugio a más de 900.000, Etiopía alberga a casi 800.000 personas y, en Europa, Alemania, con más de 600.000, ocupa el octavo lugar en el mundo en número de personas refugiadas.
Para hacer frente a esta crisis, la UE llevó a cabo unos compromisos en materia de acogida que expiran el próximo 26 de septiembre, a través de dos figuras: el reasentamiento y la reubicación. El reasentamiento hace referencia a la acogida de personas de los países vecinos a los países en conflicto, que se encuentran normalmente en campos de refugiados. La reubicación, sin embargo, se refiere a las personas refugiadas que llegan desde países de la UE, como por ejemplo Italia y Grecia.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
