En Ghana, cerca de 150 presos y presas condenados a muerte se consumen en condiciones atroces y sólo unos pocos pueden apelar sus sentencias condenatorias, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que pide al nuevo gobierno del país abolir definitivamente la pena de muerte.
Basado en entrevistas con 107 hombres y mujeres recluidos en espera de ejecución, el informe Locked up and Forgotten: The need to abolish the death penalty in Ghana aporta nuevos datos sobre por qué Ghana debe abolir esta pena cruel, de acuerdo con la recomendación de 2011 de la Comisión de Revisión de la Constitución de Ghana.
“La revisión constitucional de 2011 debería haber marcado el punto final para la pena de muerte en Ghana pero, seis años después, los tribunales continúan imponiendo esta pena cruel y las personas condenadas a muerte siguen atrapadas en condiciones de hacinamiento, separadas del resto de la población reclusa y sin acceso a actividades educativas o recreativas”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Las autoridades ghanesas deben conmutar por penas de prisión las condenas a muerte de todos los presos en espera de ejecución y garantizar que se revisan todos los casos para identificar posibles errores judiciales.”
Preocupación por la falta de garantías de juicio justo
Muchas personas condenadas a muerte dijeron a Amnistía Internacional que no habían recibido una asistencia letrada adecuada en sus juicios y, la gran mayoría, no habían podido presentar apelaciones. Aunque el gobierno facilitó asistencia letrada para el juicio a unas tres cuartas partes de los presos, algunos dijeron que sus representantes legales les había pedido un pago por sus servicios. Varios presos dijeron que su abogado o abogada no había asistido a todas las audiencias judiciales y muchos otros explicaron que no habían podido hablar con su abogado para preparar su defensa.
Uno de los presos en espera de ejecución dijo: “No tengo dinero, y es por eso por lo que estoy aquí. Si tuviera dinero ahora estaría libre”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial de ONU sobre la tortura ya han manifestado anteriormente su preocupación por la calidad de la asistencia letrada de oficio en Ghana.
Menos de uno de cada cuatro condenados a muerte entrevistados habían podido apelar su sentencia condenatoria, y el Servicio de Prisiones de Ghana informó a Amnistía Internacional de que, desde 2006, sólo 12 personas recluidas en espera de ejecución habían presentado recursos de apelación, de los que prosperaron la mitad. Pocas de las personas condenadas a muerte sabían cómo presentar un recurso de apelación o acceder a asistencia letrada gratuita, y la mayoría no podían pagar un abogado privado.
Condiciones deficientes de reclusión de las personas condenadas a muerte
Los condenados y condenadas a muerte de la prisión de Nsawam viven en condiciones de hacinamiento, en instalaciones mal conservadas y con sólo siete aseos para más de 100 personas. En la zona para hombres hay 24 celdas pequeñas con 4 presos en cada una, 4 celdas de tamaño mediano con hasta 8 presos por celda y 2 celdas grandes con 16 presos en cada una de ellas. En cada celda hay una sola ventana que está cerrada con barras metálicas y no se puede abrir, con pequeños agujeros en las paredes como única ventilación.
En la prisión hay 4 mujeres condenadas a muerte que comparten la misma celda, aisladas de las demás reclusas. Los hombres y mujeres condenados a muerte presentan signos de angustia y ansiedad, y varios de ellos lloraron al hablar con Amnistía Internacional sobre su situación.
Uno de los presos aseguró a Amnistía Internacional: “Si me mataran, estaría mejor que aquí”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades ghanesas que garanticen que se proporciona a los presos y presas alimentación, atención médica y acceso a instalaciones recreativas y educativas adecuadas, con arreglo a las normas internacionales.
En marzo de 2017 se consideraba oficialmente que seis de las personas condenadas a muerte sufrían discapacidad mental e intelectual, pero no se les había prestado un trato especializado, aunque el Servicio de Prisiones dijo que estaban intentando conseguir apoyo psiquiátrico.
“Condenar a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual viola el derecho internacional de los derechos humanos y pone en peligro su seguridad y la de los otros presos”, ha dicho Alioune Tine.
Los presos y presas condenados a muerte también sufren discriminación y aislamiento, al no poder participar de las oportunidades recreativas y educativas disponibles para otros presos.
Uno de los presos describió el área destinada a los condenados a muerte como “una prisión dentro de una prisión”. Una mujer que llevaba nueve años en espera de ejecución explicó a Amnistía Internacional: “No hago nada. Sólo barro y espero.”
Tendencia hacia la abolición de la pena de muerte
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Ghana abolir la pena de muerte para todos los delitos.
“Hay 105 países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 19 de ellos en África. Una excelente manera en que Ghana podría celebrar el 60 aniversario de su independencia este año sería abolir esta pena cruel y acabar con el sufrimiento de los condenados a muerte, que están encerrados y olvidados”, ha expresado Alioune Tine.
Información general
A 30 de diciembre de 2016 había 148 personas condenadas a muerte en Ghana, 144 hombres y 4 mujeres. Todas ellas habían sido condenadas a muerte por asesinato. La última ejecución en Ghana se llevó a cabo en 1993.
Para este informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 107 condenados y condenadas a muerte —104 hombres y 3 mujeres— durante dos visitas, en agosto de 2016 y marzo de 2017.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
