El Gobierno municipal saca a información pública la edificación en unas parcelas con viviendas en estado ruinoso del Casco Histórico - Ayuntamiento de Toledo

El portavoz municipal, Rafael Perezagua, y el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, han informado de este asunto en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno local donde han explicado que las parcelas se encuentran en el Callejón del Vicario número 8, Bajada del Pozo Amargo 11 y 13, Bajada del Pozo Amargo 7 y 9, Bajada del Pozo Amargo 5, Bajada del Pozo Amargo 3, Bajada del Pozo Amargo 1 y Pasadizo del Pozo Amargo número 1.

Javier Nicolás ha informado de que en el año 1995 se produjeron las primeras denuncias vecinales por la inseguridad que generaba el estado ruinoso de los inmuebles y que en el año 2009 la Junta de Gobierno Local concedió licencia a la empresa Hoteles Turísticos Unidos S.A  (HOTUSA) para la construcción de un hotel de cinco estrellas.

Esta empresa finalmente no llevó a cabo la construcción del hotel incumpliendo el plazo de dos años que marca la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU) para edificar.

Por todo esto, la Junta de Gobierno ha iniciado este procedimiento que tiene como paso inicial la apertura de un plazo de información pública de 20 días para que alguna empresa edifique en estas parcelas, así como la solicitud al Registro de la Propiedad de una certificación sobre las cargas de los solares.

Una vez haya finalizado el plazo de información pública, el Gobierno municipal resolverá las alegaciones que en el mismo se hayan realizado y procederá a iniciar en las parcelas un procedimiento similar al que se ejecutaría con un Plan de Actuación Urbanizadora (PAU).

Este procedimiento permitirá que un agente constructor edifique en la zona un número determinado de inmuebles, algunos de los cuales pasan a ser de su propiedad.

 El Gobierno municipal pretende con el inicio de este expediente que estos inmuebles en mal estado no supongan un perjuicio para la seguridad de los ciudadanos que transiten o residan en la zona a la vez que el hecho de que se genere actividad económica ante la actual situación de crisis que atraviesa el país.